Las agencias de calificación de riesgos

Las agencias de calificación son empresas privadas que califican el riesgo crediticio y la solidez financiera de entidades gubernamentales y comerciales, como empresas o bancos. Tienen en cuenta su seguridad, confianza, historiales de pago, previsiones, riesgos. De todo esto configuran el rating, que sirve de referencia al mercados para medir la solvencia de un país. Sus notas o calificaciones valoran el riesgo de impago y el deterioro de la solvencia del emisor. Para ello utilizan modelos econométricos en los que usan distintas variables como la deuda acumulada, la velocidad en devolverla, etc., que les sirven para valorar el potencial económico del sujeto analizado. Estos datos informan, por ejemplo, de si una inversión en un determinado producto financiero (letras del tesoro, bonos, acciones, etc) es arriesgada, analizando la posibilidad de que el inversor cobre los intereses y de que recupere el dinero una vez vencido el producto.

Los inversores, emisores, bancos de inversión, intermediarios y gobiernos son los que usan las valoraciones del riesgo de créditos. Para los inversores, las agencias de calificación de riesgos aumentan el abanico de alternativas de inversión y proporcionan medidas de riesgo relativo fáciles de usar. En general esto incrementa la eficiencia del mercado, al reducir los costes tanto para el que presta como el que toma prestado. A su vez, esto aumenta la disponibilidad total de capital riesgo, lo que conduce a un crecimiento más fuerte. Además esto abre los mercados de capitales a categorías de buscadores de préstamos que no podrían acceder a este mercado de otra manera, como gobiernos pequeños, empresas que empiezan, hospitales o universidades.El rating sirve de guía al inversor para fiarse o no de un valor. De hecho, no es obligatorio tener una calificación para cotizar en la Bolsa española, pero sin ella, el inversor no tiene referente.

Nacieron en 1909 para evaluar las emisiones de obligaciones de las compañías de ferrocarriles de EEUU. Fue tras la quiebra de Knickerbocker Trust Company, que desplomó Wall Street. Un siglo después, tres agencias, privadas y de origen anglosajón, absorben el 90% del negocio: Standard & Poor´s y Moody’s (casi el 80%) y Fitch (más de un 10%).

En sus orígenes, cobraban directamente a los inversores. Pero ahora paga el cliente al que califica. Todo ello genera una gran polémica, ya que no se entiende ir en contra de los intereses de un cliente se preguntan los críticos, que explican este modelo desde la cuenta de resultados de las agencias. Ellas defienden que trasladaron la factura al emisor porque el perfeccionamiento de sus análisis elevó mucho su coste. Y arguyen la separación de actividades comerciales y analíticas. Se oponen a una agencia de rating como servicio púbico, alegando que chocaría con los colores políticos de cada ejecutivo.

En España no hay cálculos oficiales, pero, con datos de 2009, se estima que el Estado les pagó medio millón. Generan más de 2.000 millones de dólares en beneficios al año.

Sus decisiones son tomadas por equipos de analistas que fijan los rating siguiendo la evolución de las grandes cifras del cliente, al que a menudo investigan sobre el terreno. El seguimiento es periódico, incluso diario. Trasladan sus propuestas al comité de decisión, que vota de forma anónima. El emisor conoce la decisión doce horas naturales (dos laborables) antes que el mercado. El rating varía según agencias. Por lo general, la máxima es AAA. La peor, la D (impago). Un recorte puede hundir un valor por la huida de inversores. El ráting es clave para fijar el coste y acceso al crédito. Si se equivocan son impunes. Se escudan en que sólo emiten "opiniones". Y en que la Constitución de EEUU protege la libertad de expresión. Batallaron contra la Ley Dood-Frank, que quiere pretende dar derecho a los inversores para procesar a una agencias si no actúa como debe.

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