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El panorama energético español está dirigido por un oligopolio empresarial que sube la tarifa de la luz cada vez que quiere. Y si a eso añadimos la enorme carga añadida de impuestos y otras tasas establecidas por los poderes públicos, no es muy difícil darse cuenta que España tiene un grave problema energético, que lastra su economía y favorece el desempleo.
En 2012, el aumento medio de la factura eléctrica a las familias españolas fue de un 20 %, según un estudio de la Secretaría de Economía y Empleo. Según otro informe de la OCU, desde 2008, la factura de la luz ha subido un 70 %. Y todo ello en un contexto de pérdidas empresariales y bajada y congelación de salarios. Se ha acuñado un nuevo término, pobreza energética, para definir la imposibilidad de pago de las cuantiosas tarifas eléctricas.
En el año 1997, el gobierno del Partido Popular aprobó la Ley 54/1997 para liberalizar el sector energético español con el objetivo de mejorar el suministro eléctrico con la mayor calidad y menor coste posible pero está más que claro que esta ley no ha conseguido su objetivo.
Cuando unas pocas empresas monopolizan un sector, se le llama oligopolio. Cuando esto ocurre, el gobierno debe regular los precios de los servicios que ofrecen, para impedir el abuso. Así, por ejemplo, no sería una buena idea que seis compañías de trenes construyeran sus propias líneas ferroviarias. Lo lógico es construir una sola línea ferroviaria, no seis, y regular los precios de las empresas que la explotan. Lo mismo ocurre con el sector eléctrico. El gobierno debe regular las tarifas de la luz en base a lo que cuesta producirla y transportarla. Pero es evidente que no lo han hecho muy bien. Las compañías eléctricas afirman que las tarifas impuestas por el gobierno no cubren los costes. Entonces, ¿de qué sirve liberar el sector eléctrico en el año 1997 si luego tienes que regular sus tarifas? En este asunto, algo huele a tomadura de pelo.
Y vaya si nos están tomando el pelo, timando en definitiva. Desde que se liberó el sector eléctrico, los gobiernos del PP y PSOE han congelado la tarifa eléctrica, pero las compañías han aumentado los costes de producción. Así que esta diferencia entre lo que el gobierno dice que cuesta producir y transportar la energía eléctrica y su coste real, se ha transformado en una deuda de 24.000 millones de Euros que tiene el Estado con las compañías eléctricas. A esto se le conoce como déficit tarifario.
El déficit de tarifa no es una cosa de los políticos o el Estado, es cosa de todos los españoles, porque lo deben todos los españoles. En este déficit de tarifa, 4.000 millones del déficit tarifario se destinan a la subvención de centrales nucleares que ya están amortizadas.
Para que el Estado pueda pagar la deuda contraída con las compañías eléctricas, se está pasando el coste a los ciudadanos, subiendo la factura desmesuradamente, empobreciendo a familias y empresas. En definitiva, los políticos españoles siempre optan por la solución fácil: subir impuestos, demostrando su poca sensibilidad, capacidad, inteligencia y esfuerzo.
Ha habido desde 2005, una serie de movimientos en las compañías eléctricas, la italiana Enel se comió a Endesa (ya que posee un 92,06 % de su capital), la alemana EON quiso comprar Endesa y Gas Natural, lo que provocó un gran revuelo, ya que se decía que el sector energético español se encontraría entonces en manos extranjeras, pero este argumento no casa con la pretendida liberalización del sector. Entonces se tomó la decisión de endeudar a los españoles para salvar a las compañías eléctricas. Un bodrio de regulación del sector energético que tiene lo malo de todos y nada bueno de ninguno.
El déficit tarifario ha conseguido acabar con la competencia, ya que ninguna otra empresa extranjera o española puede implantarse en España porque no pueden ofrecer precios más bajos que el de coste, como están haciendo las compañías, con el beneplácito de los políticos españoles. De esta manera, por poner un ejemplo, producir electricidad costara 12 €, las compañías la venden a 6 € y los otros 6 € se convierten en deuda del Estado. Ineficacia, pobreza y endeudamiento son aspectos del panorama energético español.
Este trato de favor hacia las compañías eléctricas por parte del gobierno español, y en general de la clase política, es abiertamente recompensado. Según informa el diario El Mundo, nada más y nada menos que 43 políticos han sido "enchufados" en las empresas energéticas.
¿Habría otras alternativas, aparte de la nuclear?
Una alternativa posible serían las energías renovables y la investigación en nuevas soluciones energéticas. Pero no como se ha hecho hasta ahora, subvencionando inversiones no viables a largo plazo, sino fomentando las viables y la investigación, el desarrollo y la educación. Justamente lo contrario de lo que se está haciendo ¿Por qué? Porque son estrategias que benefician a las empresas eléctricas españolas y a los suyos propios.
Una opción es participar en proyectos de energía renovable, pequeñas empresas que actúan usando fuentes renovables, que al fin y al cabo es la única alternativa viable a largo plazo. Y cuantas más hubiera mejor, ya que los precios al consumidor se deberían reducir a largo plazo.
Otra es la de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que promueve la compra colectiva de energía en España para conseguir que los consumidores reduzcan sus facturas de gas y electricidad. Es una novedosa iniciativa que ya ha tenido gran éxito en otros países europeos, y que ha permitido ahorrar millones de euros.
Otra opción es comparar, aunque hoy por hoy no existen diferencias en este aspecto. La OCU ofrece este comparador de tarifas de gas y electricidad.
Y la última sería que de una vez por todas se regulase en serio el sector energético en España, y se acabase con todas las prebendas, corruptelas y compadreos entre compañías eléctricas y clase política.
Que ya vale.
Jaime Arroyo
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