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| Iniciativa Legislativa Popular rechazada (hacer clic para ampliar) |
El 6 de junio de 2012, el Congreso de los Diputados rechazó una Iniciativa Legislativa Popular según la cual al menos 500.000 ciudadanos españoles habían solicitado la eliminación de las prebendas que tienen los políticos que pierden su cargo.
La Mesa de la Cámara decidió no admitirla a trámite al tratar materias que el artículo 72 de la Constitución Española reserva a las propias cámaras y no acogerse a lo dispuesto en el artículo 87.3 de la propia Constitución y al artículo 2 de la Ley Orgánica 3/1983, que regula la Iniciativa Legislativa Popular.
En todo caso, al margen de sus defectos de forma o adecuación jurídica, es algo que las Cortes españoles se niegan a debatir.
Cualquier ciudadano español tiene una pensión máxima de 32.000 euros anuales. Los políticos españoles tienen derecho a pensiones vitalicias muy superiores, que llegan 74.000 euros en el caso de los políticos de primer orden. Estas pensiones no son incompatibles con otros sueldos de la Administración o con otras actividades económicas, al contrario que los sueldos de los empleados públicos que están sometidos a un régimen muy estricto de incompatibilidades, de tal forma que nunca pueden cobrar dos sueldos públicos, a no ser que el segundo sea como profesor asociado universitario a tiempo parcial y por una duración determinada.
La mayor parte de los ciudadanos se preguntan porque un diputado con tan solo siete años de ejercicio ya opta a la jubilación con todos sus derechos y un trabajador necesita 35 años, o 37,5 años y medio según la última reforma que ellos mismos han aprobado.
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